La Defensa Pública es un servicio que empezó a funcionar el 15 de mayo de 1989. Fue creado por el Poder Judicial para defender de manera gratuita a las personas que necesitan representación legal. El objetivo principal es garantizar que todos y todas tengan su derecho a la defensa, como está escrito en la Constitución de nuestro país y en los acuerdos internacionales sobre Derechos Humanos.
Cualquier persona tiene el derecho de solicitar el servicio de defensa pública. Según el Reglamento, se establece que a todo ciudadano y ciudadana se le debe brindar asesoría y representación legal.
Es un profesional del Derecho con título de Abogado, Doctorado en Leyes o Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, que ha acumulado al menos tres años de experiencia en la práctica legal o incluso más de cinco años como Juez o Magistrado. Este experto, trabaja con independencia y se dedica a representar a personas en situación de pobreza comprobada en casos penales, civiles,
familiares y de violencia doméstica, proporcionando defensa gratuita y asegurando un proceso justo. Además de ofrecer asesoría legal, trabaja para agilizar procedimientos judiciales y cumple con responsabilidad ética, siguiendo directrices tanto de la Dirección Nacional, como del Coordinador Regional de la Defensa Pública.
La Defensa Pública garantiza que todas las personas, sin importar su situación económica, tengan acceso a una defensa justa y adecuada ante la ley. Su objetivo es asegurar que todas y todos los ciudadanos sean tratados con justicia y respeto en el sistema judicial de nuestro país.
Trabaja las 24 horas del día, los 7 días de la semana en 35 sedes a nivel nacional. Donde existe un Juzgado de Letras, la Defensa Pública tiene presencia. Ofrece asesoramiento legal sin costo para quienes carecen de recursos económicos si necesitan un abogado privado.
La Defensa Pública, como parte de la cobertura en sus servicios legales a la población, tiene asignados a profesionales del derecho en varias Postas Policiales de Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba donde existen Centros Integrados y en las demás sedes funcionan por llamado las 24 horas del día.
Brinda asistencia jurídica gratuita en las siguientes materias:
Violencia Doméstica: tomar en cuenta que, por regla general, se ofrece asistencia legal a los varones, ya que la Fiscalía de la Mujer es quien se encarga de defender los derechos de las mujeres y, por lo tanto, la representación legal de éstas.
Familia: demandas de alimentos y divorcios, Patria Potestad, Guarda y cuidado, régimen de comunicación, incapacidades, reconocimiento forzoso.
Materia Civil: todos los casos que sean asignados por el Juzgado Civil (Los casos designados por el juez).
Materia Penal: todos los casos que sean asignados por el Juzgado de Letras de lo Penal (ver procesos penales.)
Niñez y Adolescencia: niños y niñas que cometen un acto en contra de la ley, pueden recibir asistencia de la Defensa Pública desde el primer momento que son presentados al juzgado para determinar si existe responsabilidad en los hechos.
En primer lugar, el caso debe estar dentro de las materias que maneja la Defensa Pública.
Si eres arrestado, es muy posible que exista un representante de la Defensa Pública en la Posta Policial de Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba, de lo contrario, un juez asignará un defensor público a tu caso.
Si necesitas asistencia legal, puedes acudir a las oficinas de la Defensa Pública donde se te orientará sobre el proceso que debes seguir.
El juez pedirá una declaración jurada donde se detallen tus ingresos, como un respaldo que indique que no puedes pagar un abogado privado.
Para los casos penales no se requiere un detalle de ingresos para tener asistencia de la Defensa Pública.
Cuando una persona enfrenta una demanda de alimentos o en materia civil y busca presentar su argumento en contra, este proceso se denomina "Oposición". Tendrá que llevar los siguientes documentos a las oficinas de la Defensa Pública:
1. Recibos donde se acredite que está cumpliendo con la pensión alimenticia o cualquier otro documento, más tres (3) fotocopias de cada uno de ellos.
2. Cuatro (4) fotocopias del DNI.
1. Cuatro (4) fotocopias del DNI.
2. Recibos donde se compruebe que ha cancelado la deuda o que ha estado depositando para capital o intereses, más tres (3) fotocopias de cada uno.
Los beneficios legales para personas privadas de libertad ofrecen una oportunidad de rehabilitación y reinserción al permitir la disminución de penas a través de varias modalidades. Con requisitos claros y evaluaciones formales, estos procedimientos buscan fomentar la justicia y la reintegración exitosa de los individuos en la sociedad.
En la última fase de cumplir una condena en prisión, una persona puede salir de la cárcel bajo libertad condicional. A pesar de no estar en la prisión, tiene que obedecer ciertas reglas y no cometer más delitos durante ese período.
Para solicitar este beneficio, se necesitan varios documentos, los cuáles son gestionados por el defensor público:
A. Carta de solicitud del beneficio firmada por la persona privada de libertad.
B. Carta de arrepentimiento.
C. Informe de Antecedentes Penales.
D. Una Constancia de Paz.
E. Identificación (Partida de Nacimiento).
F. Dictamen psicológico “favorable” (emitido por el Centro Penitenciario según la ley del Sistema Penitenciario).
G. Dictamen socioeconómico “insolvente” (emitido por el Centro Penitenciario según la ley del Sistema Penitenciario).
H. Constancia de Buena Conducta (emitido por el Centro Penitenciario según la ley del Sistema Penitenciario).
Para todos los sentenciado antes del 20 de junio del año 2020, se aplica según lo que dice el artículo 76 del Código Penal derogado:
Aunque en general se aplican ciertas reglas para la libertad condicional, hay excepciones. Personas mayores de 70 años o personas con enfermedades graves incurables que cumplen ciertas condiciones pueden obtener libertad condicional, incluso si no han cumplido la mitad o dos tercios de su pena.
También, en casos especiales, personas con penas de hasta 10 años, que han cumplido un tercio de su condena, tienen la posibilidad de obtener libertad condicional si son delincuentes primerizos y nunca se les ha suspendido su condena antes.
Estas reglas no se aplican a personas condenadas por participar en grupos delictivos organizados. El abogado de la Defensa Pública ofrecerá toda la información para estos casos.
Esta medida establece criterios específicos basados en el tiempo de cumplimiento de la pena, con el propósito de determinar cuándo una persona privada de libertad puede ser considerado para la liberación anticipada bajo ciertas condiciones. Este beneficio solamente aplica si la pena es de 5 años o menos.
El "pago de fianza" es una cantidad de dinero que una persona paga al sistema legal como garantía para ser liberada temporalmente mientras espera un juicio, aplica solo a penas de hasta 5 años o menos. Documentos necesarios: carta de solicitud, informe de antecedentes penales, constancia de comportamiento en prisión y documentos de identificación.
El trabajo comunitario es una forma de servicio a la comunidad en la que las personas cumplen una pena o sanción realizando tareas no remuneradas en beneficio de la sociedad, como limpieza pública, mantenimiento de espacios, o actividades sociales. Aplica sólo a penas de hasta 5 años o menos. Los documentos requeridos incluyen: carta de solicitud, arrepentimiento, informe de antecedentes, constancia comportamiento en prisión, documentos de identificación, informes psicológico y socioeconómico.
Es el beneficio de poder hacer un pago diario de L. 10.00 por los días/años de la pena dada, en delitos menos graves. Es decir, si la pena es de 5 años, una persona puede pagar hasta L. 18,250.00 y no ir a la cárcel. (No es una fianza, ni una multa), se aplica a penas que no son mayores de 5 años.
La Defensa Pública se esfuerza constantemente por ofrecer servicios legales de alta calidad a sus usuarios, y su experiencia es fundamental para mejorar el servicio.
Queremos escucharlos y conocer sus opiniones sobre los servicios recibidos. Por esta razón, los invitamos cordialmente a participar en la Encuesta de Satisfaccción del Usuario. Su retroalimentación es esencial para evaluar y mejorar los servicios, lo que permitirá brindar un mejor apoyo legal a quienes lo necesitan en el futuro.
La encuesta es rápida y sencilla de completar, y las participaciones son completamente anónimas. Sus respuestas serán tratadas con confidencialidad y no se asociarán a su identidad. La Defensa Pública se enfoca en la opinión honesta de sus usuarios para que pueda abordar áreas que necesiten atención y continuar ofreciendo un servicio excepcional.
