El lunes 30 de octubre de 2006 dieron inicio las actividades para la clasificación de personas que se encuentran privadas de libertad en los centros penales del país, bajo el auspicio de la Comisión Interinstitucional de Justicia Penal (CIJP) y para lo cual se ha logrado el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de la Organización de Estados Americanos (OEA), por medio de un regimiento de voluntarios pertenecientes a la organización Cascos Blancos de la República de Argentina, estos últimos que permanecerán en Honduras por un período aproximado de tres meses hasta alcanzar la meta propuesta.
El objeto de esta actividad es desarrollar el diseño de herramientas que faciliten la clasificación de estas personas, así como la formación y capacitación de un voluntariado nacional específico para llevar a cabo la clasificación.
El equipo nacional y los asesores de la República de Argentina tendrán como sede para la zona urbana las instalaciones de la Unidad Técnica de Reforma del Poder Judicial (UTR), ubicada en la colonia San Carlos de Tegucigalpa, y para la ejecución del trabajo de campo las instalaciones de la Dirección General de Servicios Especiales Preventivos (DGSEP) de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, localizada en el sector de Támara, departamento de Francisco Morazán.