“Sin Justicia no hay Democracia.
Y sin Defensa Pública no hay Justicia”
Porque sin defensa pública, no podemos hablar de justicia, y, sin justicia no puede forjarse un Estado Democrático de Derecho: el cumplimiento de nuestra misión constitucional, es un compromiso de autoridades y defensores/as públicos/as que prestamos servicios en la Dirección Nacional de la Defensa Pública. La Constitución de la República declara que el fin supremo de la sociedad y el Estado es la persona humana y, que su dignidad y su derecho de defensa son inviolables. (Artículos 59, 82 y 83)
Complementariamente en su artículo 83 establece que el Estado nombrará procuradores para la defensa de los pobres, para que velen por las personas e intereses de los menores e incapaces, mediante asistencia legal gratuita, en defensa de su libertad individual y demás derechos.
El preámbulo de nuestra Carta Magna deja manifiesto el postulado, de que la plena realización de los hondureños y las hondureñas, solo puede darse con la eficacia plena de la justicia, la libertad, la seguridad, entre otros valores, para lo cual es esencial el fortalecer y perpetuar un “Estado de Derecho. Un Estado cuya finalidad se extienda y no se agote, en busca de asegurar la protección y el respeto a la vida y la dignidad de la persona humana.
En ese sentido y para garantizar el acceso a la justicia de las personas con incapacidad económica, que enfrentan una persecución penal por la supuesta comisión de un delito o falta, es que surge el servicio de la defensa pública, y para su prestación se crea la Dirección Nacional de la Defensa Pública como el canal que el Estado ha provisto, para que los pobres puedan acudir a los tribunales de justicia asistidos por un defensor/a público/a, en ejercicio de sus derechos de acción y de defensa en materia penal.
Esta entidad para el servicio de defensa pública; ha ido paulatinamente fortaleciéndose y actualmente está funcionando con 243 Defensores Públicos, prestando sus servicios a nivel nacional a través de las 29 oficinas que se encuentran ubicadas en: Tegucigalpa, Talanga, Comayagua, La Paz, Siguatepeque, Marcala, Yuscarán, Danlí, La Esperanza, Juticalpa, Catacamas, Choluteca, Nacaome, San Pedro Sula, Puerto Cortés, Yoro, El Progreso, Puerto Lempira, Santa Bárbara, La Ceiba, Tela, Roatàn, Trujillo, Tocoa, Olanchito, Santa Rosa de Copàn, La Entrada, Ocotepeque y Gracias.
Esto no quiere decir que solo en estos lugares se presta el servicio de defensa pública.
Precisamente para poder brindar esa asistencia legal a nivel nacional, estos lugares han sido seleccionados de manera estratégica por su ubicación geográfica y teniendo en cuenta que en ellos funcionan Juzgados y Tribunales con competencia en materia penal .
Desde estas oficinas hemos venido brindando esa asistencia penal, desde hace 20 años y esperamos en un futuro no muy lejano, ampliar la cobertura de los servicios a otras materias, como ser laboral y civil, ya que actualmente la Defensa Pública atiende y representa en materia Penal, Violencia Doméstica, Familia, Niñez y Adolescencia, materias en las que todas las personas enfrentan conflictos y una gran mayoría por falta de recursos, se ven limitadas para hacer valer o reclamar sus derechos. Es así que ya se está trabajando a fin de poder extender nuestros servicios a esas materias, pues solo de esta forma se estará cumpliendo esa misión que tiene el Estado de garantizar el acceso a la justicia a todos los habitantes de la Republica.
Paulina Pérez de Licona
Directora