En estos tiempos en los cuales la globalización es una realidad y no un reto, los poderes judiciales debemos prepararnos para hacerle frente a esta situación, el Proyecto denominado “Hacia la Consolidación de un Sistema Jurídico Nacional en honduras”, nos demuestra esta latente realidad.

Por ello, el Poder Judicial se encuentra apoyando esta importante iniciativa para asegurar el respeto a las leyes y fortalecer la seguridad jurídica, creando un mecanismo fuerte y seguro que nos lleve a la definición de mejores políticas para la emisión de las leyes en nuestro país, definiendo y fortaleciendo las diversas responsabilidades con las cuales contamos los sujetos con la facultad de la iniciativa de ley.

La seguridad jurídica es un anhelo en nuestras actuales sociedades, nosotros los jueces tenemos el rol fundamental que al momento de definir un determinado asunto sometido a nuestro conocimiento es importante que contemos con un marco legal armonizado y comprendido en un todo, estableciéndose de esta manera, la plenitud hermenéutica del ordenamiento jurídico, que es la compenetración del mundo deóntico (mundo del deber ser) con el  mundo óntico (mundo del ser).

Para interpretar correctamente el concepto de sometimiento de los jueces a la ley y establecer el nivel de autonomía que tenemos para interpretar el ordenamiento, los justiciables debemos de partir de la premisa de que las potestades y prerrogativas son las otorgadas en la parte orgánica de la constitución y se encuentran sometidas a un principio de razón suficiente, que se manifiesta en el principio de legalidad establecido en el artículo 321 Constitucional de la República que reza: “ Los servidores del Estado no tienen mas facultades que las que expresamente les confiere la ley, todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad “.

En esta medida, la autonomía e independencia son garantías institucionales del Poder Judicial, que se legitiman constitucionalmente en tanto que son necesarias para realizar los fines que la carta magna nos asigna.

En el ordenamiento jurídico vigente se nos presentan leyes que no cuentan con la claridad y precisión exigida, además de no existir concordancia entre la legislación nacional con los Tratados o Convenios Internacionales de los cuales Honduras es parte.

Con ello al momento de juzgar, nosotros los jueces nos enfrentamos a vacíos legales propiciados por la incorrecta técnica legislativa utilizada a lo largo de la historia y que hoy da lugar a la utilización de la técnica pretoriana de llenar esos vacíos por medio de la función del juzgador.

Según nuestra carta magna en artículo 304 y 305 corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado y bajo ningún punto los jueces podemos dejar de juzgar bajo pretexto de silencio u oscuridad de las leyes.

Con la ejecución de este importante proyecto se están colocando las primeras piedras de lo que será el Sistema Jurídico de Información Nacional Hondureño y, que de manera institucional crearemos los mecanismos necesarios para garantizar el acceso a la información, transparencia en la función jurisdiccional y seguridad jurídica en la toma de decisiones.

Este proyecto ha identificado varios aliados y usuarios estratégicos que buscamos alcanzar el Derecho de Igualdad, ya que el mismo se ha desarrollado en el marco del diálogo nacional en la mesa sectorial de justicia y seguridad.

Este derecho comprende dos garantías fundamentales: La Igualdad ante la ley y la Igualdad de protección y trato por parte de las autoridades. Sin embargo, estas dos garantías operan conjuntamente en lo que respecta a la actividad judicial, pues os jueces interpretamos la ley y como consecuencia materialmente inseparable de esta interpretación, atribuimos consecuencias jurídicas a las personas involucradas en el litigio.

Por lo tanto, en lo que respecta a la actividad judicial, la igualdad de trato que las autoridades debemos otorgar a las personas supone además una igualdad en la interpretación y en la aplicación de la ley, alcanzable si logramos consolidar y armonizar el sistema jurídico nacional.

En la actualidad nos encontramos que de la legislación vigente el 46 % - que lo representan 2292 en las nueve áreas identificadas – es de Convenios y Tratados Internacionales y el resto de Legislación Nacional, existiendo graves contradicciones entre una y otra afectando el cumplimiento a los Convenios y Tratados Internacionales ya ratificados por Honduras, aunando a ello esta, la falta de publicidad y conocimiento de los ciudadanos del marco legal vigente que los tutela.

Todas estas situaciones no fortalecen el estado de Derecho, que si bien es cierto, nuestras democracias son incipientes, debemos buscar los mecanismos que coadyuven a su fortalecimiento.

Por ultimo la labor del juez no puede reducirse a una simple atribución mecánica de los postulados generales, impersonales y abstractos consagrados en la ley a casos concretos, pues se estaría desconociendo la complejidad y la singularidad de la realidad social, la cual no puede ser abarcada por completo dentro del ordenamiento positivo.

De ahí se derivan la importancia del papel del juez como un agente racionalizador e integrador del ordenamiento jurídico dentro de un Estado de Derecho.

De ahí que, la certeza que la comunidad jurídica tenga de que los jueces van a decidir los casos iguales de la misma forma, es una garantía que se relaciona con el principio de la seguridad jurídica, creando presupuestos materiales y procesales que se transformaran en la jurisprudencia y con ello el reconocimiento de la doctrina legal, tan necesaria y exigida en los Estados de Derecho.

La previsibilidad de las decisiones judiciales da certeza sobre el contenido material de los derechos y obligaciones de las personas y, la única forma en que tiene dicha certeza es cuando se sabe que, en principio, los jueces han interpretado y van a seguir interpretando el ordenamiento de manera estable y consistente, dando de esta manera un desarrollo a un clima de inversiones, protegido por la seguridad jurídica y tutelando el fin ultimo del Estado que es el hombre.

Lograr la consolidación y armonización de un Sistema Jurídico Nacional es un compromiso y responsabilidad de todo el Estado y, es por ello que este feliz comienzo que con el esfuerzo conjunto del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Congreso Nacional, Secretaría de Gobernación y Justicia y el Poder Judicial, hemos alcanzado identificar los problemas existentes que requieren de una continuidad y sostenibilidad hasta lograr la Sistematización del Ordenamiento Jurídico vigente y crear nuevos mecanismos para sentar las bases para el fortalecimiento de la función legislativa, que también involucra la responsabilidad de nosotros de vigilar por medio de la interpretación, la supremacía de la Constitución de la República.

Finalmente, no podemos dejar de agradecer a la cooperación danesa su apertura, apoyo y confianza invaluable para iniciar juntos tan importante proyecto que demanda más asistencia de los demás amigos de la cooperación internacional.

Recordemos que la justicia es virtud básica de la convivencia social.