Proyecto de Modernización del Poder JudiciaL

El Proyecto se inició en el año 2004 con la firma d-e la Carta Convenio No. PPF-Q364-0-HO entre la Asociación Internacional de Fomento (AIF - Miembro del Grupo Banco Mundial) y el Gobierno de Honduras, la cual fue aprobada por ​decreto No. 68-2004 y vigente desde el 24 de julio de 2004. Siendo este primer instrumento una facilidad para la preparación del proyecto (PPF), se financió servicios de consultoría y adquisición de bienes para fortalecer las capacidades de coordinación y administración del proyecto, así como la preparación de la documentación base para la implementación del mismo.
 
Subsecuentemente, la suscripción del Acuerdo de Crédito No. 4098-HO entre las mismas partes anteriores, aprobado por Decreto No. 380-2005 con vigencia a partir del 6 de febrero de 2005, así como la firma del Convenio Subsidiario entre la Corte Suprema de Justicia y la Secretaría de Finanzas para coordinar la administración de los fondos asignados, mediante los cuales se financia la adquisición de bienes y servicios, ampliación y remodelación de infraestructura y contratación por servicios de consultoría durante el período de ejecución del proyecto. Lográndose alcanzar todas las condiciones de efectividad el 28 de febrero de 2006, fecha desde la cual hemos comenzado a desarrollar actividades plenas del proyecto.
En conjunto, ambos instrumentos permiten la obtención de 16.5 millones de dólares en fondos, necesarios para financiar el 48.2% de las actividades comprendidas en el "Plan de Modernización del Poder Judicial 2004-2009". El cuadro que se muestra a continuación desglosa la utilización de estos recursos por categoría.
 

Componentes y actividades del proyecto
 
1. Desarrollo e implementación de procesos judiciales racionalizados.
2. Mejorar la capacidad de las cortes para programar y supervisar el uso y manejo de recursos.
 
1. Creación de la trayectoria de para el personal judicial y administrativo.
2. Fortalecimiento de apertura y transparencia del Poder Judicial.
 
1. Desarrollo y conducción de mecanismos eficientes y pacíficos para resolución de disputas.
2. Desarrollo y conducción de un programa de actividades orientado a promover mayor conciencia de las necesidades especiales de los grupos en desventaja.
3. Desarrollo e implementación de programas para mejora la capacidad de los defensores públicos en jurisdicciones civiles.
4. Desarrollo e implementación de programas de divulgación social para mejorar el conocimiento de los ciudadanos sobre sus derechos y obligaciones legales, por medio del establecimiento de arreglos de sociedad entre el poder judicial y ONGs.
 
1. Mejorar la coordinación y administración del proyecto y controlar y evaluar las capacidades de la UCP.
2. Llevar a cabo auditorías del proyecto.
 
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