LECTURA DE SENTENCIA EN CASO LATINODE SE REALIZARÁ DENTRO DE UN MES

La Sala III del Tribunal de Sentencia convocó para el día 22 de febrero del año en curso, a la 1:30 de la tarde a los representantes de la Fiscalía Especial Contra la Corrupción del Ministerio Público (MP), Procuraduría General de la República (PGR) y la Defensa Privada del ciudadano Marcelo Antonio Chimirri Castro en el proceso penal que se le siguió en juicio Oral y Público por los delitos de abuso de autoridad, cohecho y fraude en perjuicio de la Administración Pública por las relaciones comerciales sostenidas con le empresa Latinode.
 
El fallo absolvió de responsabilidad a Chimirri Castro en la imputación de los delitos mencionados. El Tribunal concluyó que no se cumplió el elemento declarado objetivo, del artículo 349 numeral uno del Código Penal que refiere a la negación de dar cumplimiento a una orden administrativa; en este sentido, los jueces consideraron que Chimirri Castro en su condición de Gerente de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL) tenía la facultad de negociar y otorgar rebajas a las tasas de la tarifa, para generar minutos adicionales, así como el acuerdo 516-06 que establece requisitos específicos exigibles a las empresas o carriers con los cuales contrataba HONDUTEL.
 
En cuanto al numeral tres del artículo 349 del Código Penal, el Tribunal consideró que no se acreditó cuáles fueron las facultades que la gerencia le había delegado al encausado por lo que tales deberes sobre su cargo no fueron objeto de prueba en el juicio por la parte acusadora, por lo que se desconoce concretamente su asignación de deberes en esa época; quedó establecido que el encargado de vigilar el contrato de corresponsalía y confidencialidad era el Gerente General de Asuntos Internacionales el señor Carlos Elizondo.
 
En relación a la acusación por el delito de fraude, el Tribunal consideró que no se reunieron los elementos objetivos de la figura penal como el ponerse de acuerdo con otro para defraudar al fisco, o para favorecer a un tercero, o bien para facilitar su participación personal directa o indirecta en los beneficios que pueda producir.
 
Aunque quedó acreditada la calidad de funcionario, el Tribunal consideró no establecido cómo éste se puso de acuerdo con la empresa para defraudar al fisco o que haya habido una negociación para obtener un beneficio económico en la relación de la estatal de comunicaciones con los Carriers.
 
Asimismo, finalmente el Tribunal determinó que el acto que ejecutó Chimirrí Castro no era contrario a sus deberes pues estaba facultado por el acuerdo emitido por la Junta Directiva según acta de sesiones No 516-06 de autorizar al Gerente General realizar este tipo de acuerdo.
 
La sentencia absolutoria fue dictada por unanimidad de votos, igualmente se instruyó revocar las medidas cautelares que se habían impuesto y para el día 22 de febrero fue programada la lectura de sentencia según fue peticionado por el juez ponente de la misma.
 
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